Desde hace muchos años, quienes nos vemos interactuando con el sistema de justicia dominicano hemos identificado la necesidad de modernizar la forma en que se celebran las audiencias y vistas ante los distintos tribunales del país.
La pandemia del COVID-19 obligó a acelerar un proceso que ya era impostergable: la incorporación de medios tecnológicos que permitan la continuidad del servicio judicial sin comprometer las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa de las partes.
La virtualidad no sustituye la presencia; la complementa. Correctamente reglamentada, reduce costos, acorta plazos y amplía el acceso a la justicia de quienes se encuentran fuera de los grandes centros urbanos.
El reto pendiente es consolidar una infraestructura estable, protocolos claros y capacitación continua para todos los actores del sistema, de modo que la modernización sea permanente y no una respuesta coyuntural.
