La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, cuya institucionalidad descansa en buena medida en la organización y el funcionamiento de los partidos políticos.
La Ley 33-18 estableció el marco normativo para la constitución, el reconocimiento, el financiamiento y la disolución de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, así como para la celebración de sus procesos internos.
Su aplicación ha planteado retos concretos en materia de democracia interna, transparencia en el uso de los recursos y garantías para la militancia frente a las decisiones de los órganos directivos.
El acompañamiento legal especializado resulta indispensable para que las organizaciones políticas cumplan con la norma y, al mismo tiempo, protejan la validez de sus decisiones internas.
